La Conavim reconoce que para crear esas unidades no sólo basta la determinación del gobierno federal, sino que se requiere de la voluntad de las autoridades locales, como ocurrió en Hidalgo
El gobierno federal ha identificado que en 13 entidades del país no existen Unidades de Análisis y Contexto para Violencia Feminicida (UAyC) en sus procuradurías o fiscalías. Estas unidades son cruciales para la atención coordinada y oportuna de este delito, con el objetivo de evitar que quede impune, según revela un documento de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la Guía para la creación y operación de las unidades de análisis y contexto destinadas a abordar la violencia feminicida y el feminicidio, elaborada por la Secretaría de Gobernación, las entidades que aún no han establecido estas unidades son Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
Aunque la guía incluye a Veracruz, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha informado que la entidad ya ha establecido su unidad para abordar los casos de feminicidio. Según el documento, contar con una unidad de este tipo representa un primer paso para abordar diversas medidas indicadas en las resoluciones de las alertas de género. Esto tiene el propósito de guiar a otras instancias gubernamentales en la implementación de medidas preventivas e intervenciones contra la violencia feminicida, contribuyendo así al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el objetivo de que el Estado mexicano brinde atención especializada a las víctimas de violencia, se busca crear o fortalecer estas unidades para que las instituciones encargadas de la investigación y sanción respondan de manera coordinada y oportuna ante esta forma de violencia.
Se ha destacado que la violencia feminicida está intrínsecamente vinculada a la discriminación y la violencia estructural que enfrentan las mujeres. A pesar de los esfuerzos institucionales significativos en el país, persisten las tasas de feminicidio y casos que conmocionan a la población.
La implementación de estrategias de prevención presenta desafíos significativos, y se subraya que la respuesta del sistema de justicia penal en la investigación y la reducción de la impunidad es crucial, enfrentando así una tarea de envergadura.
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